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La resolución tiene dos partes bien diferenciadas, ya que acoge distintas argumentaciones referidas a dos autobuses matriculados y adquiridos en distintos momentos.

Así, en el supuesto del primero de los vehículos, la sala pontevedresa considera que la reclamación de lo adeudado «está amparada por la fuerza vinculante de los contratos». En este sentido, frente a la tesis del Juzgado de lo Mercantil, sostiene que existe un contrato desde octubre del 2000 en el que el autocar fue expresamente incluido como «vehículo en que va a efectuarse la utilización de las obras del repertorio de la SGAE». De hecho, incluso la firma pontevedresa asume que se había adquirido un autobús «en que se va a realizar tal comunicación pública».

Diametralmente opuesto es el caso del segundo autobús, que fue adquirido con posterioridad a la firma del citado contrato. Aquí la Audiencia coincide con el Juzgado de lo Mercantil en considerar que «la mera existencia de una radio y un reproductor de vídeo que acompaña a un nuevo autocar como equipamiento de serie no lleva a presumir, sin más, su utilización». En este sentido, manifiesta que otra cuestión la suscitan los locales de hostelería o similares, en los «que la emisión de tales obras puede significar un atractivo más para los clientes».

Además, la Audiencia se muestra bastante crítica con uno de los testigos presentados por la demandante, cuyo testimonio «debe examinarse con especial cuidado». Matiza que, a pesar de trabajar en calidad de autónomo, mantiene una relación con la SGAE desde hace nueve años.

En el presente pleito, la sentencia recoge que «pretende dar por probada la explotación no autorizada de obras protegidas por el derecho de autor en un autocar únicamente porque el citado testigo lo ve en la estación de autobuses y observa que está provisto de radio y vídeo, pero sin que tales aparatos sean efectivamente utilizados».

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